Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, Chile conmemoró el aniversario del golpe de Estado de 1973 sin la organización de actos oficiales por parte de La Moneda. La decisión del mandatario José Antonio Kast marcó una ruptura tajante con una tradición institucional de más de tres décadas en la que todos los ejecutivos previos encabezaban homenajes o reflexiones de Estado cada 11 de septiembre.
Un quiebre instituido en La Moneda
La ausencia de ceremonias oficiales por parte del Ejecutivo respondió a la postura de la actual administración, que optó por distanciar la agenda pública del palacio de gobierno de las actividades de memoria histórica y enfocar las declaraciones oficiales en «mirar hacia el futuro». La medida generó reacciones encontradas en la opinión pública y críticas de agrupaciones políticas y de derechos humanos:
- Oposición y organizaciones de derechos humanos: Calificaron la omisión como un grave retroceso en materia de memoria histórica y señalaron su inquietud ante los recortes presupuestarios en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y el desmantelamiento de programas de reparación.
- Respuesta gubernamental: Desde el oficialismo se argumentó que el 11 de septiembre es una fecha de aproximaciones y sensibilidades diversas, justificando la falta de un acto institucional centralizado para dar libertad a las manifestaciones privadas o de distintas agrupaciones.
Memoria activa desde la sociedad civil
Ante la falta de convocatorias gubernamentales, la ciudadanía y las colectividades defensoras de los derechos humanos trasladaron la conmemoración a las calles. Diversas organizaciones sociales se congregaron a las afueras del Palacio de La Moneda y marcharon hacia el Cementerio General de Santiago para rendir homenaje a Salvador Allende y a las más de 3.000 víctimas entre asesinados y desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este giro institucional subraya una profunda fractura en la forma en que la política chilena aborda su pasado reciente, abriendo un intenso debate nacional sobre el rol que debe asumir el Estado frente a la preservación de la memoria democrática.