China promulgó la Ley de Unidad y Progreso Étnico, impulsando el mandarín como idioma común y criminalizando prácticas culturales minoritarias, lo que Amnistía denuncia como asimilación forzada.
Reacciones internacionales y críticas
La ONU, Taiwán y Alemania alertaron que la ley china amenaza derechos culturales y religiosos, ampliando persecución contra voces críticas extranjeras y comunidades minoritarias.
Tibetanos y uigures denunciaron criminalización de su identidad cultural y lingüística, mientras Taiwán acusó intimidación hacia su pueblo y otras naciones democráticas bajo la nueva normativa.