En medio de una aguda crisis energética y financiera, el Gobierno autoriza la comercialización en pesos y divisas como parte de un paquete de 176 reformas.
El Gobierno cubano oficializó una profunda reorganización de su modelo comercial interno mediante la publicación del Decreto 167 en la Gaceta Oficial. La nueva normativa autoriza formalmente la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y redes gastronómicas en todo el territorio nacional, lo que abre la puerta tanto a pequeñas y medianas empresas privadas (pymes) como a cooperativas y entidades estatales.
Con este marco legal, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) busca dinamizar el abastecimiento y mejorar la eficiencia en la distribución. Además, se establece que los establecimientos podrán operar legalmente tanto en pesos cubanos como en divisas extranjeras, medida que regulariza una práctica ya extendida de forma informal en el mercado local.
Clasificación de comercios y requisitos obligatorios
Junto al Decreto 167, el MINCIN emitió la Resolución 23, la cual reestructura y categoriza todos los locales comerciales del país según su nivel de servicio, confort y calidad. Las categorías se dividen en:
- Alto Nivel: Establecimientos de estándares superiores dedicados al consumo especializado y al turismo.
- Nivel Medio: Comercios estandarizados de atención directa para bienes de consumo general.
- Cercanía / Barrio: Redes locales diseñadas para el abastecimiento básico de las comunidades.
Por otro lado, la Resolución 24 exige a todos los actores económicos implementar obligatoriamente medios de pago electrónico, contar con licencias vigentes y mostrar una identidad visual uniforme que identifique el tipo de gestión mercantil.
Contexto económico y contrapuntos
Estas medidas forman parte de un paquete de 176 reformas promovidas por el presidente Miguel Díaz-Canel para contrarrestar una severa crisis marcada por fallas en el suministro eléctrico, alta inflación y restricciones en la importación de combustibles. No obstante, analistas y economistas señalan que la efectividad del plan dependerá de si el Estado flexibiliza verdaderamente la producción nacional o si mantiene controles estrictos sobre las tarifas y las licencias comerciales.