La Comisión Europea ha presentado una propuesta regulatoria para dotar a los gobiernos locales y nacionales de herramientas jurídicas que permitan limitar la proliferación de alquileres de corta estancia en zonas de alta presión habitacional. La iniciativa busca frenar el impacto desmedido de plataformas como Airbnb en el encarecimiento del suelo y la escasez de oferta residencial para la población local.
Evaluación unificada de la presión residencial
El núcleo del proyecto establece una metodología homogénea en los países del bloque para definir legalmente cuándo un barrio o municipio sufre una crisis habitacional:
- Criterios documentados: Las autoridades locales deberán certificar documentalmente que el aumento de alojamientos turísticos en los tres años previos afectó de manera directa la disponibilidad y el precio del alquiler tradicional antes de aplicar un veto o tope.
- Seguridad jurídica: Este criterio busca dotar de certidumbre jurídica a las restricciones, impidiendo que sean anuladas por los tribunales ante recursos promovidos por las plataformas.
Mayor transparencia y combate a la oferta ilegal
La propuesta complementa el marco normativo sobre alquileres de corta duración que comenzó a operar en el bloque, obligando a las plataformas a compartir datos mensuales de actividad y licencias con las administraciones públicas:
- Los anfitriones deberán contar con un número de registro único visible en cada anuncio publicitario.
- Las plataformas digitales estarán obligadas a retirar de manera inmediata cualquier anuncio que carezca de dicho registro o infrinja los límites de noches autorizados por cada ayuntamiento.
Oposición de las plataformas e itinerario legislativo
Compañías del sector como Airbnb y agrupaciones como la CCIA Europe (Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones) han reaccionado cuestionando el planteamiento, al argumentar que el problema de fondo en Europa es la falta de construcción de nueva vivienda y no la actividad turística. El borrador deberá ser debidamente negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su entrada en vigor en la legislación comunitaria.