La CREG activa un esquema de penalizaciones y recompensas en las facturas de luz para frenar el consumo eléctrico ante la inminente sequía.
Con el objetivo de proteger las reservas de los embalses ante la llegada de un severo Fenómeno de El Niño, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha este 1 de septiembre de 2026 un programa transitorio de incentivos y recargos en el consumo de electricidad. La iniciativa, que tendrá una vigencia inicial de seis meses, busca moderar la demanda en hogares y pequeños comercios mediante un margen de tolerancia que penaliza el derroche y premia el ahorro.
A través de la Resolución 101 120 de 2026, cada usuario «competirá contra sí mismo», ya que su meta individual de consumo se fijará a partir del promedio registrado en los últimos 12 meses.
Claves del nuevo esquema de facturación
- Regla de tolerancia del 10 %: Los usuarios que superen en más de un 10 % su meta asignada deberan pagar un cobro adicional que recaerá exclusivamente sobre los kilovatios hora (kWh) excedentes. Superar el límite del 110 % no alterará la tarifa base.
- Incentivo económico autofinanciado: Quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % respecto a su meta recibirán un saldo a favor en su factura. Estos incentivos se liquidarán al cierre del programa utilizando los fondos recaudados por las penalizaciones aplicadas a los consumidores excedentarios.
- Primer ciclo pedagógico: Para facilitar la adaptación, la primera factura emitida tras la entrada en vigor del esquema será de carácter meramente informativo y no aplicará recargos por exceso, aunque los ahorros logrados en este primer periodo sí se contabilizarán.
- Sectores exentos: Quedan excluidos de esta regulación los hospitales, colegios, organismos de seguridad y socorro, usuarios con medidores prepago y hogares con pacientes que dependan de equipos médicos electrointensivos.
Entre la prevención hídrica y el alivio tarifario
Esta medida no representa un incremento tarifario generalizado, sino un mecanismo temporal diseñado para prevenir decisiones drásticas como un racionamiento técnico durante los meses de menores precipitaciones. La responsabilidad se traslada ahora al bolsillo del ciudadano, donde el uso eficiente del aire acondicionado, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de equipos en modo de espera determinarán quién recibe una penalización o accede a un descuento en el servicio eléctrico.