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SANTIAGO DE CHILE — Una intensa marejada política e institucional sacude los cimientos del Palacio de La Moneda. La revelación de que el Gobierno del presidente José Antonio Kast benefició con la **rebaja de condenas a 56 sentenciados por abuso sexual infantil y violación contra menores de edad** desató un abierto contrapunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, provocando una tajante indignación transversal en el escenario nacional.

La controversia estalló tras conocerse una respuesta oficial vía Transparencia en la que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó la tramitación de 56 decretos exentos entre marzo y septiembre de 2026. Las medidas alcanzaron a 27 condenados por abuso sexual y a 29 por violación de menores, gestionadas directamente en la cartera gubernamental sin pasar por recursos de amparo ni resoluciones dictadas en los tribunales.

EL CRUCE DE POSTURAS: «DOCTRINA» ADMINISTRATIVA VS. INDEPENDENCIA JUDICIAL

Ante la ola de cuestionamientos procedentes tanto de sectores de la oposición como de partidos de la propia coalición de gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, justificó la actuación de la cartera argumentando que las resoluciones se alineaban con una doctrina jurídica previa de la Corte Suprema sobre el cumplimiento de sentencias.

Sin embargo, el argumento del Ejecutivo provocó una inmediata respuesta desde el máximo tribunal del país. La presidenta de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, desestimó la existencia de una norma o directriz general que obligue al Ejecutivo a otorgar estos beneficios de manera automática, remarcando que las decisiones de los jueces responden a litigios individuales de amparo y no constituyen una orden administrativa para rebajar penas masivamente desde el Gobierno.

CONGELAMIENTO DE TRÁMITES Y PRESIÓN EN EL CONGRESO

El escándalo salpicó de lleno la agenda de seguridad de la administración Kast y obligó al Ministerio de Justicia a **suspender de forma inmediata la tramitación de nuevos expedientes de reducción de penas** para condenados por delitos sexuales contra la infancia.

Paralelamente, parlamentarios de diversos bloques han solicitado sesiones especiales e interpelaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados para exigir explicaciones detalladas y la eventual revocación de las medidas, mientras la Defensoría de la Niñez y organizaciones civiles advierten sobre el grave impacto de estas decisiones en la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.

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