Paraguay — En una de las jornadas políticas más convulsas en la historia reciente de América del Sur, el Congreso de Paraguay aprobó mediante juicio político la destitución inmediata del presidente Santiago Peña. La decisión del Senado, respaldada de forma aplastante con 44 votos a favor, declaró al exmandatario culpable del cargo de «mal desempeño de sus funciones», enmarcado en el escandaloso colapso del sistema bancario privado y la quiebra de la entidad Ueno Bank.
El desenlace de la crisis —que llevó a la asunción inmediata del vicepresidente Pedro Alliana para completar el mandato hasta 2028— despojó automáticamente a Peña de sus fueros ejecutivos, dejándolo a las puertas de una investigación penal y de una orden de detención emitida por la Fiscalía.
Las claves de la acusación contra el exmandatario
El libelo acusatorio presentado por el Poder Legislativo articuló un expediente centrado en la presunta instrumentalización de recursos del Estado para salvaguardar y beneficiar intereses financieros particulares. Las principales acusaciones abarcan tres ejes prioritarios:
- Desvío e inyección irregular de fondos de pensiones: Se acusa a Peña de haber autorizado el depósito y la transferencia de más de 355 millones de dólares pertenecientes al fondo de pensiones estatal hacia Ueno Bank. La maniobra sobrepasó ampliamente los límites legales de encaje y riesgo normativo para intentar oxigenar de forma artificial el balance del banco.
- Conflicto de intereses y vínculos comerciales directos: Los legisladores señalaron que existía una estrecha relación previa entre el mandatario y la alta directiva de la entidad. La acusación sostiene que la omisión de controles por parte del Banco Central y de los organismos de supervisión buscó encubrir la insolvencia estructural de la institución.
- Omisión del deber de custodia del ahorro público: La repentina disolución del banco congeló las cuentas de miles de ahorristas y amenazó los recursos de jubilación de miles de trabajadores paraguayos, configurando, según la resolución del Senado, una grave falta de ética pública y una violación directa de las garantías constitucionales de protección patrimonial.
Ruptura política y desplome institucional
El desenlace contra Peña se aceleró tras perder el respaldo político del propio oficialismo (el Partido Colorado) y de sectores vinculados a su mentor político. La cascada de dimisiones dentro del gabinete ejecutivo —incluyendo la renuncia previa de ministros clave como el del Interior y el jefe de gabinete— anticipó un aislamiento político irreversible.
Con la pérdida de la presidencia y el retiro de la inmunidad soberana, la justicia paraguaya ha iniciado allanamientos y procedimientos judiciales para esclarecer el destino de los fondos transferidos, mientras el nuevo ejecutivo intenta implementar mecanismos de restitución gradual para los depositantes afectados por la quiebra.