SAN SALVADOR / WASHINGTON — En septiembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, colocó a su país en la vanguardia de las finanzas mundiales al promulgar la Ley Bitcoin, convirtiendo al token digital en moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. Media década después, el ambicioso experimento económico presenta un balance de fuertes matices: mientras el Estado ha acumulado más de 7.700 BTC en reservas estratégicas aprovechando la revalorización del activo, en la vida cotidiana de los ciudadanos salvadoreños el dólar continúa reinando de forma absoluta.
La distancia entre la narrativa gubernamental pro-cripto y la realidad económica del día a día ha obligado incluso a reconfigurar los pactos financieros del país con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las reservas del Estado: estrategia de tesorería exitosa
El mayor éxito del programa salvadoreño se refleja en el balance del Tesoro Público. A través de la estrategia de compra periódica anunciada por Bukele, El Salvador sostiene un portafolio estatal sustancial:
- Reservas acumuladas: La Tesorería Nacional cuenta con más de 7.790 BTC, valorados en más de 640 millones de dólares a precio de mercado.
- Ganancias no realizadas: Gracias a las compras acumuladas en ciclos de cotización baja, el país registra plusvalías latentes significativas, posicionándose como el único Estado soberano con una reserva corporativa masiva de Bitcoin en América Latina.
- Minería con energía geotérmica: Proyectos piloto de minería alimentados con energía volcánica permanecen operativos, alimentando de manera limpia el balance nacional.
LA CALLE SIGUE PREFIRIENDO EL DÓLAR
A pesar de los incentivos iniciales —como el bono de $30 dólares entregado a los ciudadanos al descargar la billetera estatal Chivo Wallet—, la adopción popular no se consolidó.
La volatilidad del precio del Bitcoin, la falta de alfabetización financiera en sectores vulnerables y el profundo arraigo del dólar (adoptado en 2001) han llevado a que comerciantes informales, pequeñas tiendas y servicios públicos sigan cobrando y pagando en moneda física estadounidense. Del mismo modo, aunque la recepción de remesas vía carteras cripto ha mostrado repuntes puntuales, las vías tradicionales a través de agencias bancarias continúan canalizando más del 98 % del flujo de dinero enviado por la diáspora.
EL PRAGMATISMO Y LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI
El costo diplomático y financiero de la medida ha sido considerable. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo congeladas durante años las negociaciones para un programa de asistencia financiera por $1.400 millones de dólares, exigiendo limitar la exposición estatal y retirar la obligatoriedad del uso de la criptomoneda.
Recientemente, tras la aprobación de exenciones y ajustes regulatorios por parte del gobierno salvadoreño —incluyendo el traspaso de la infraestructura de Chivo Wallet a manos privadas para enfocarse prioritariamente en operaciones en dólares—, el diálogo multilateral ha comenzado a destrabarse.
El «país del Bitcoin» sobrevive no como una sociedad plenamente tokenizada, sino como un singular laboratorio financiero donde un gobierno utiliza la criptomoneda como reserva estratégica mientras su población mantiene la tranquilidad de la economía dolarizada.