La Fiscalía Nacional Antiterrorista mantiene las acusaciones por terrorismo con agravante de odio racial, mientras la defensa de las víctimas cuestiona la celeridad con que se alegan patologías mentales en ataques de extrema derecha.
PARÍS — El desarrollo judicial en torno al violento ataque armado registrado en los municipios de Trappes y La Verrière, al suroeste de la capital francesa, ha tomado un giro procesal decisivo. La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) confirmó la suspensión temporal de la detención preventiva del principal sospechoso, un hombre de 39 años identificado como Kevin T., tras dictaminarse su traslado a un centro de observación psiquiátrica especializado.
La decisión médica y judicial, estimada inicialmente para un periodo de valoración de hasta 48 horas, busca determinar si el estado de salud mental del detenido permite la continuidad legal de los interrogatorios o si existió alteración o anulación de sus facultades cognitivas en el momento de los hechos.
Un ataque motivado por el odio
De acuerdo con las investigaciones preliminares conducidas por los servicios franceses de seguridad interior y la policía científica, el agresor abrió fuego con un subfusil desde su vehículo utilitario contra transeúntes seleccionados deliberadamente por su color de piel.
El saldo de la embestida armada fue trágico:
- Víctima mortal: Pengo Bossio Wangi, un joven de 26 años considerado una promesa de las artes marciales mixtas (MMA) en Francia.
- Heridos: Cinco personas hospitalizadas, entre ellas una menor de 12 años que fue impactada por ocho proyectiles.
Durante los registros domiciliarios posteriores a la detención del sospechoso en la cercana localidad de Coignières, los peritos incautaron propaganda ideológica extremista, incluyendo un ejemplar del manifiesto Mein Kampf. Asimismo, los exámenes toxicológicos preliminares revelaron presencia de cannabis y cocaína en su organismo al momento del arresto.
Declaraciones del gobierno y controversia legal
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, enfatizó ante los medios de comunicación que la hospitalización o evaluación médica del sospechoso no altera la calificación penal ni la gravedad ideológica del suceso: «Lo que ocurrió es de una gravedad extrema. Es un atentado terrorista racista impulsado por el odio hacia quienes el agresor consideraba que no debían integrarse en la sociedad. El tratamiento psiquiátrico no minimiza la tipificación jurídica de estos hechos ni exime la investigación de sus motivaciones violentas».
Por su parte, la representación legal de la familia de la víctima mortal, encabezada por el abogado Yassine Bouzrou, expresó severas reservas ante la interrupción de la custodia policial. La defensa criticó lo que considera un patrón recurrente en procedimientos penales donde, al tratarse de agresores vinculados a la extrema derecha, las alegaciones de trastornos psicológicos o esquizofrenia ganan espacio procesal con rapidez antes de concluir el acopio probatorio sobre premeditación.
La PNAT ratificó que el expediente permanece abierto bajo cargos de asesinato e intento de asesinato en contexto terrorista con agravante por motivos raciales, étnicos y religiosos.