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Con depósitos exigidos de hasta 20.000 dólares, la norma estadounidense frena en seco los viajes de negocios, turismo y estudio procedentes del continente africano.

La decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de hacer permanente y endurecer su programa de fianzas para visados de turismo y negocios (B1/B2) ha desencadenado una ola de indignación en África. Bajo esta normativa, los solicitantes de cerca de 50 países —en su gran mayoría africanos— deben depositar sumas reembolsables de entre 10.000 y 20.000 dólares solo para optar a viajar. Aunque el Gobierno estadounidense argumenta que la medida busca desincentivar la permanencia ilegal tras el vencimiento del visado, sus implicaciones socioeconómicas recaen de manera desproporcionada sobre las poblaciones de los países en desarrollo.

El impacto asimétrico de esta exigencia financiera responde a factores estructurales, económicos e institucionales profundamente arraigados en la región:

Tres razones del impacto desigual en el continente

Entre la contención de sobreestadías y una barrera discriminatoria

La consolidación de esta política ahonda la división en la movilidad global: mientras los ciudadanos de países desarrollados viajan con exenciones o trámites ágiles, las poblaciones africanas se enfrentan a un verdadero «muro monetario». Aunque el dinero se reembolsa si el viajero regresa a tiempo o si la solicitud es denegada, la inmovilización de capital y las complicaciones logísticas limitan severamente el derecho a la movilidad en la región.

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