La nueva directriz de la directora María Carolina Restrepo de priorizar el término neutro en sustitución del binomio explícito «niños, niñas y adolescentes» desata un tenso choque con la Defensoría del Pueblo, senadoras y colectivos feministas.
Lo que parecía un ajuste de redacción en las comunicaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha transformado en un encendido debate nacional sobre visibilidad de género, legalidad y pragmatismo administrativo. La instrucción de prescindir de la palabra «niña» para emplear sustantivos colectivos como «la niñez» o «los niños y adolescentes» encendió las alarmas de juristas y defensoras de derechos humanos en Colombia.
El detonante: la directriz de la Dirección General
Bajo la premisa de centrar la gestión en «menos retórica y más resultados operativos», la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañaveral, promovió una directriz de estilo institucional en la que se pide sustituir el desdoblamiento explícito de género («niños, niñas y adolescentes») por expresiones unificadoras como «la niñez» o «los niños y adolescentes».
Según la funcionaria, la palabra engloba conceptual y jurídicamente a ambos sexos sin generar un desgaste sintáctico innecesario en boletines, discursos y circulares. Restrepo defendió la medida argumentando que su administración busca evitar la instrumentalización política del lenguaje y enfocarse en la protección efectiva contra la violencia y la desnutrición.
Reacción social y alerta de la Defensoría del Pueblo
La decisión no tardó en provocar una fuerte marejada de reacciones. La defensora del Pueblo, Iris Marín, remitió una solicitud formal de explicaciones a la dirección del ICBF, advirtiendo que el lenguaje institucional no es un mero adorno formal, sino un instrumento fundamental de reconocimiento público y garantía de derechos.
Por su parte, la jurista María Cristina Hurtado —corredactora del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)— señaló que la omisión de la palabra «niñas» contraviene el espíritu del Artículo 12 de dicha ley, el cual obliga formalmente al Estado a aplicar un enfoque diferenciado de género para corregir las brechas históricas de desprotección que sufren las menores en el país.
La respuesta oficial: «No hay voluntad de exclusión»
Ante la ola de críticas, el ICBF emitió un pronunciamiento público aclarando que en ninguna circunstancia se pretende borrar a las niñas del lenguaje institucional ni vulnerar sus derechos. La entidad aseguró que responderá formalmente a los requerimientos de la Defensoría del Pueblo y ratificó que las políticas públicas de infancia seguirán manteniendo el enfoque de género y la protección prioritaria a las más de 7 millones de niñas en el territorio nacional.